viernes, 11 de junio de 2010


La Revolución Agraria en Venezuela


El movimiento bolivariano es un movimiento de masas que se originó como un movimiento por la revolución democrática nacional, es decir, una revolución que defendía el programa de la democracia avanzada, pero que no desafiaba las bases del capitalismo. Sin embargo, el avance de la revolución inevitablemente ha entrando en conflicto con los intereses creados de la oligarquía. A cada paso, las reivindicaciones de las masas, tanto en la ciudad como en el campo, chocan con el llamado sagrado derecho de la propiedad. El futuro de la revolución depende de la resolución de esta contradicción.

Los marxistas, naturalmente, apoyamos la revolución democrática nacional y aplaudimos el coraje de Chávez al luchar contra la oligarquía venezolana y el imperialismo. Incluso sobre bases capitalistas, fue tremendamente progresista, fue y sigue siendo nuestro deber defenderla. Si no lo hacemos sería una traición. Pero siempre hemos señalado la verdad elemental, para que la revolución triunfara tarde o temprano tendría que ir más allá de los límites del capitalismo, tendría que expropiar a los terratenientes y capitalistas venezolanos.

La experiencia ha demostrado que teníamos razón. A cada paso, la Revolución Bolivariana se ha enfrentado con la resistencia feroz de los terratenientes y los capitalistas, apoyados por el imperialismo. Para superar esta resistencia se ha tenido que basar en las únicas clases verdaderamente revolucionarias: los trabajadores y los pobres urbanos de las ciudades y los campesinos en el campo. Ahora en el campo está comenzando una etapa decisiva de este conflicto.

La distribución de la tierra es una vieja aspiración de los pobres en el campo venezolano. Los campesinos desean trabajar la tierra y mejorar su nivel de vida. Pero esta aspiración justificada se enfrenta a la feroz resistencia de los grandes terratenientes, que, junto con los banqueros y los grandes capitalistas, constituyen la piedra angular de la oligarquía venezolana. En Venezuela no es posible ningún avance real hasta que se haya roto el poder de esta oligarquía. Esa es la importancia real de la revolución agraria.

Reformas modestas

El intento de avanzar hacia la reforma agraria ha expuesto a quemarropa el dilema central de la Revolución Bolivariana. No es simplemente una cuestión de modificar la situación existente. Debe ser eliminada: la estructura económica y social agraria debe ser completamente transformada. Como en cierta ocasión dijo el socialista español Largo Caballero: no puedes curar un cáncer con una aspirina. Por esta razón, los campesinos venezolanos, como sus hermanos y hermanas en las ciudades, están sacando conclusiones muy revolucionarias.

A principios de enero, el presidente Chávez anunció nuevas medidas destinadas a profundizar y extender la reforma agraria, un componente esencial de la Revolución Bolivariana. El alcance de las reformas es bastante modesto, se concentran en la cuestión de las haciendas poco explotadas. Con la ley de la tierra de 2001 el gobierno puede gravar o apoderarse de los terrenos agrícolas no utilizados. Las autoridades venezolanas han identificado más de 500 granjas, incluidas 56 grandes haciendas, ociosas. Además todavía quedan por inspeccionar otras 40.000 granjas.

Estas medidas son muy modestas y son escasas para lo que hace falta si se quiere cumplir la necesidad elemental de la revolución democrática nacional. Aún así, se han encontrado con los aullidos de rabia de los enemigos de la revolución. La oposición ha acusado al Estado de “invadir la propiedad privada” e introducir “medidas comunistas”.

Las protestas de la oposición venezolana son templadas en comparación con los aullidos de rabia de los medios de comunicación internacionales. El 13 de enero la revista The Economist publicaba un artículo atacando la reforma agraria de Chávez. El motivo de su ira fueron las medidas tomadas por el gobierno para investigar el rancho El Charcote, en Cojedes (un estado de las llanuras del norte de Venezuela), que está gestionado por Agroflora, una subsidiaria de un gran monopolio británico de alimentación.

El Grupo Vestey es el propietario de este enorme rancho formado nada menos que por 13.000 hectáreas (32.000 acres) de pastos y bosques, así como otra docena de ranchos en otras zonas del país. Tiene inversiones en carne de vaca y azúcar en Argentina, Brasil y Venezuela. Es un ejemplo típico de la forma en que las grandes empresas extranjeras se han apoderado de sectores clave de las fuerzas productivas en el continente y los han saqueado por las ganancias.

The Economist admite que la actual familia propietaria de la empresa es famosa (o más bien infame) en Gran Bretaña por su larga historia tanto de evasión de impuestos como por la carne. Sin embargo, defiende su derecho absoluto a mantener su tierra, ya que el nombre de El Charcote “se remonta a un siglo y ha sido refrendado por los tribunales”. El artículo describe de una manera colorista y con detalle la espectacular forma en que se desarrolló la inspección:

“El 8 de enero, el estruendo de los helicópteros sobre el rancho anunciaba la llega de Johnny Yánez, el gobernador chavista de Cojedes, llevando con él la primera ‘orden de intervención’ del país contra una propiedad rural. Iba acompañado de unos 200 soldados y comandos policiales muy armados. El señor Yánez, antiguo capitán del ejército, anunció que la propiedad privada ‘era un derecho pero no un derecho absoluto’”.

Ahora una comisión estatal tiene tres meses para decidir si el rancho es improductivo o que no cumple la legalidad y de este modo puede ser transformado en cooperativas campesinas bajo los términos del decreto de reforma agraria de 2001. Dos días después, el presidente Chávez, creó una comisión similar a nivel nacional. Su tarea es acelerar y cumplir la orden de llevar a cabo la reforma agraria.

La cuestión de la reforma agraria en América Latina es algo incuestionable. En Venezuela, más del 75 % de la tierra agrícola está controlada por menos del 5 % de los terratenientes. La propiedad rural es cáncer que arruina la vida a millones de personas. Incluso el derechista The Economist reconoce que la “desigual distribución de la tierra es una de las causas históricas de la amplia desigualdad que caracteriza a las sociedades latinoamericanas”. Como dice el presidente Chávez, esto es una injusticia a la que se debe poner fin. No puede haber ningún futuro para la Revolución Bolivariana sin esto. Pero un asalto frontal a la propiedad de los terratenientes inevitablemente planteará la cuestión de la expropiación de los bancos y las industrias. Por eso los imperialistas han encendido las luces de alarma sobre estas medidas propuestas.

¿Perjudicará la producción la reforma agraria?

Los críticos burgueses de la reforma agraria dicen que la política de Chávez tendrá un efecto negativo sobre la producción agrícola:

“Hostigando al sector privado”, dice The Economist, “el gobierno simplemente ha intensificado la dependencia que tiene Venezuela del petróleo, y todas las distorsiones que lo acompañan. El gobierno dice que Venezuela importa el 70 % de la comida. La oposición contesta que las importaciones de comida se han quintuplicado desde que Chávez llegó al poder, mientras que la producción agrícola ha caído”.

Los enemigos de la revolución corren por todos los lados gritando sobre la amenaza de la inversión y la productividad, cuando en realidad lo que les preocupa es otra cosa. Lo que realmente asusta a The Economist es que las promesas del presidente han animado a los campesinos a invadir granjas. Ha sacado a las masas rurales de su sopor y les ha llevado a la lucha revolucionaria. Eso está cuestionando el “sagrado principio de la propiedad privada” y, por lo tanto, está suponiendo un gran paso en dirección a la revolución socialista. Esta es la perspectiva que provoca pánico a la oligarquía y sus maestros imperialistas.

The Economist cita con horror las palabras de Johnny Yánez: “La justicia social no se puede sacrificar por tecnicismos legales”. El artículo añade siniestramente: “Este asalto sobre los derechos de la propiedad es probable que espante la inversión”. El artículo continúa con su retahíla de desgracias:

“Detrás de El Charcote todavía pastan los rebaños de ganado de Brama. La empresa Vestey normalmente suministra el 4 por ciento de la carne consumida por los venezolanos. Ha sido pionera en las mejoras genéticas del rebaño nacional. Pero Diana dos Santos, la jefa local de la empresa, dice que en el El Charcote se ha invadido todo menos un pequeño paso; la producción de carne ha caído. Más de mil intrusos han instalado ranchos temporales y han plantado grano en la hacienda. Ellos apoyan al presidente, pero desprecian a Yánez. Así que podrían ser desahuciados a favor de otros clientes políticos de más confianza. Y en pocos años esto a su vez acabaría en barrios marginales mientras que Venezuela perdería una fuerte de riqueza”.

¡Así que ahí lo tenemos! Los imperialistas de gran corazón como la familia Vestey llegaron a Venezuela con las mejores intenciones del mundo. Su único objetivo en la vida es servir a la población venezolana, alimentarla con deliciosa carne de vaca, mejorando constantemente el rebaño nacional con todo tipo de “mejoras genéticas” (recordemos el tipo de mejoras genéticas introducidas por los granjeros capitalistas británicos en Gran Bretaña que nos dio la bendición de la enfermedad de las vacas locas). Si, por casualidad, han ganado unos cuantos bolívares por medios honestos, por supuesto es una cuestión secundaria, que no debe interesar al Gobierno Bolivariano ni al contribuyente británico.

La actitud de los “demócratas” pequeñoburgueses

Tan claro como el cristal es el caso de la reforma agraria en Venezuela que incluso los grupos pequeñoburgueses, que no se destacan por su amor a Hugo Chávez y la Revolución Bolivariana, han tenido que aceptarla de mala gana. El grupo venezolano de derechos humanos PROVEA ha dado la bienvenida a la guerra del gobierno venezolano contra las grandes propiedades, calificando como “positiva” la voluntad política demostrada por el gobierno y los gobernadores de la oposición.

Sin embargo, los revolución deberían ser conscientes de donde proceden estas alabanzas. Los “demócratas” burgueses de PROVEA no son amigos de la Revolución Bolivariana y su alabanza es un cáliz envenenado que ofrecen a la revolución, no para ayudarla sino para paralizarla y hacerla ineficaz.

Al gobierno se le está pidiendo que sea “inclusivo” en su política agraria y evite la violencia rural. Es decir, se le invita a representar los intereses de todas las clases, tanto de los terratenientes como de los campesinos. Se le invita a que sea un cordero y se tienda cerca del lobo. Se le invita a cuadrar el círculo. En pocas palabras, se le invita a hacer lo que no puede hacer. ¡Y esos que defienden esta estupidez realmente se consideran grandes “realistas”! Si las consecuencias no fueran tan serias resultaría muy divertido.

¡Cuando alguien recibe una nota de apoyo de estas personas es muy aconsejable que se lea la letra pequeña! Y en la letra pequeña leemos lo siguiente:

“El proceso debería realizarse dentro de la ley y rechazar la posibilidades de que otros órganos que no sean los establecidos en la Ley de Desarrollo de la Tierra y el Agro inicien procesos de expropiación de la tierra agrícola”.

¡Qué valiosas perlas de sabiduría! Los hipócritas de PROVEA nos leen lecturas piadosas sobre el “dominio de la ley” pero olvidan convenientemente que durante años los terratenientes venezolanos han estado golpeando, torturando y asesinando campesinos que se atrevían a cuestionar su autoridad y reclamaban sus derechos. Los terratenientes no se sienten vinculados al “dominio de la ley” y lucharán con cualquier medio a su disposición para impedir que se lleve a cabo un programa agrario significativo. Quien niegue esto es un loco o un bribón.

Los campesinos no son locos y no permitirán que les estafen elegantes abogados y demagogos “democráticos”. Ellos saben que la tierra nunca será suya si no luchan por ella, a menos que acaben con la brutal resistencia y el sabotaje de los terratenientes. También saben por su amarga experiencia que sus intereses no pueden estar garantizados con medidas burocráticas y discursos que suenen bonitos pronunciados por hombres con elegantes trajes en Caracas. Saben que si la reforma agraria no es apoyada con un movimiento enérgico desde abajo, seguirá siendo letra muerta, como todas las otras leyes del pasado.

Por lo tanto, los campesinos se están organizando. Están tomando iniciativas para tomar la tierra de los grandes terratenientes. Los verdaderos demócratas no se opondrán a estas iniciativas sino que las apoyarán con entusiasmo. ¡Sólo un burócrata corrupto y un agente de la contrarrevolución temen las iniciativas revolucionarias de los trabajadores y los campesinos! Estas iniciativas son las que han salvado una y otra vez la Revolución Bolivariana. Aquellos que buscan sofocar las iniciativas de las masas, consciente o inconscientemente, intentan debilitar la revolución, privarla de su principal fortaleza y fuerza motriz. El día que estas personas triunfen, la revolución estará condenada.

Sofistería legalista

Estos improbables “amigos de la población” continúan: “Los gobernadores estatales pueden promover y facilitar procesos que correspondan con el Instituto Nacional de Tierras y proporcionar apoyo técnico pero no pueden entregar títulos de propiedad o tocar la tierra a través de la expropiación.
Los derechos de propiedad del propietario de la tierra deben ser respetados junto con procesos legales, con medidas administrativas justas y transparentes, el pago oportuno y con una compensación justa.
En el caso de las tierras ociosas, los propietarios deben tener garantizada la expedición de certificados agrícolas mejorables, como establece el artículo 52 de la Ley de Desarrollo de la Tierra y el Agro”. (El resaltado es mío).

Estos “astutos” abogados conocen las leyes de adelante para atrás, de adentro hacia fuera y de arriba hacia abajo. Sí, ellos han estudiado en sus libros de texto legales durante muchos años, han aprobado todos sus exámenes y han conseguido mucho dinero utilizando y abusando de la ley. Han convertido la ley en su propiedad privada, algo que representa una vaca muy cara de la que se obtiene deliciosa leche para una minoría privilegiada. Pero las masas hambrientas, los campesinos pobres, el trabajador, el desempleado, han conseguido muy poco de ella.

La Revolución Bolivariana ha hecho mucho para rectificar esta situación. Ha roto la vieja constitución de la oligarquía y la ha sustituido con una constitución nueva y más democrática. Eso es bienvenido, pero por sí solo no es suficiente para cambiar la situación de las masas y eliminar las injusticias del pasado, algo que muchos bolivarianos desean apasionadamente.

La Constitución Bolivariana es sólo un arma en manos de la población. Pero un arma es algo inútil si no se le usa para luchar. En las manos de los abogados y burócratas, la Constitución Bolivariana puede fácilmente quedar reducida a un trozo de papel, algo que puede retorcerse, “interpretarse” y convertirse en letra muerta. Después de todo, incluso la constitución más democrática del mundo tiene poderes limitados. Establece ciertos límites dentro de los cuales se puede llevar a cabo la lucha de clases. Eso es importante porque puede dar un alcance mayor o menor a los trabajadores y campesinos que quieren llevar adelante su propia lucha. Lo que nunca puede hacer es actuar como un sustituto de la lucha de clases.

Para que una constitución democrática signifique algo debe ser respaldada desde abajo con la acción de masas. Sin eso, sólo será una concha seca, un cascarón vacío de todo contenido real, los huesos sin vida de un esqueleto. Sólo el movimiento revolucionario de los trabajadores y los campesinos puede poner carne en estos huesos y dar verdadero contenido a la democracia. Por lo tanto, decir que los campesinos venezolanos deben limitarse a lo que es aceptable para los abogados, aceptar “controles”, moderar sus reivindicaciones a lo que consideran “razonable” los burócratas, en pocas palabras, sentarse y esperar a que la tierra se la sirvan en un plato, sería eliminar la posibilidad de que se pudiera llevar a cabo en Venezuela una genuina reforma agraria.

La línea de argumentación de estas damas y caballeros legalistas es el punto máximo de la arrogancia y la insolencia respecto a las masas. Como mencionamos arriba, ellos nos informan de que los “gobernadores estatales pueden promover y facilitar los procesos que corresponden al Instituto Nacional de Tierra y proporcionar apoyo técnico pero no pueden entregar títulos de propiedad o tocar la tierra a través de la expropiación.

La primera parte de esta frase es seguramente redundante. Se supone que todos los gobernadores estatales democráticos están legalmente obligados a llevar a cabo las decisiones del gobierno legalmente elegido. ¿Por qué hay que decir esto? A menos por supuesto que haya gobernadores que están colaborando con los grandes terratenientes y la contrarrevolución para sabotear las decisiones del gobierno de Caracas.

¿Existen estos gobernadores? Por supuesto que sí, precisamente por eso los campesinos no confían en que ellos lleven adelante un programa agrario adecuado. Por eso precisamente los campesinos han decidido -muy correctamente- organizar y emprender sus propias iniciativas. Eso es lo que provoca la indignación de los “demócratas” de PROVEA y otros contrarrevolucionarios, abiertos o encubiertos.

El “sagrado derecho de propiedad”

Sobre todo, protestan los “Amigos del Pueblo”, no se deben expropiar las grandes haciendas. ¿Por qué no? ¡Porque sería una violación del sagrado derecho a la propiedad privada! Pero en un país donde el 75 % de la tierra productiva está en manos de sólo el cinco por ciento de terratenientes, ¿cómo es posible tener una verdadera reforma agraria sin violar el llamado sagrado derecho a la propiedad privada? Renunciar a esto sería renunciar a toda la idea de reforma agraria en Venezuela. Y eso es lo que le gustaría a nuestros hombres “democráticos” trajeados, aunque la cortesía (y el temor a las masas) les impide decirlo abiertamente.

Estas damas y caballeros parlotean sobre la “compensación justa”. Pero si alguien tiene derecho a una compensación justa esos son los millones de campesinos que han sido explotados, estafados y oprimidos durante siglos por los terratenientes que se han enriquecido a costa de la población. Sus ranchos y mansiones se han construido sobre la sangre, el sudor y las lágrimas exprimidas a generaciones de hombres, mujeres y niños pobres. Y ¿de dónde consiguieron por primera vez su riqueza? La tierra no era suya desde el principio. Fue arrebatada a la población nativa con violencia y engaños. ¿Dónde estaba entonces la “compensación justa”?

Estos “astutos” sofistas intentan cegarnos con detalles legales. Pero la historia de América Latina demuestra que la clase parasitaria de terratenientes nunca ha demostrado la más mínima consideración hacia los detalles legales cuando se trata de sus propios intereses egoístas. Consiguieron la tierra a través de la violencia y la han mantenido desde entonces con la violencia. Lo que fue robado a la población debe ser devuelto a la población. La cuestión de la compensación no tiene nada que ver aquí. Los terratenientes han conseguido sus fortunas sobre la espalda de la población. No merecen ni un solo céntimo más.

PROVEA dice que el gobierno no puede repartir títulos sobre tierras privadas, si no se han emprendido los procedimientos de expropiación de antemano y cumplido el Artículo 115 de la Constitución relacionado con la expropiación de tierras consideradas de interés social o utilidad pública. La conversación sobre detalles legales es sólo una cortina de huma destinada a confundir la cuestión, igual que frases como éstas:

“En el caso de las tierras ociosas, los propietarios deben tener garantizada la expedición de certificados agrarios mejorables, como establece el Artículo 52 de la Ley de Desarrollo de la Tierra y el Agro”.

Nuestros amigos de PROVEA nos dicen que la revolución debe hacer esto y debe hacer aquello y que no puede hacer esto ni puede hacer aquello. ¿De veras? Pero la esencia de la revolución es que expresa la voluntad de la población; que defiende los intereses de la mayoría sobre los de la minoría. Las leyes elaboradas en el pasado fueron hechas por la minoría adinerada para defender su propio poder y privilegios. Una revolución que se deje paralizar por estas leyes no merecería en absoluto el nombre de revolución. Sería sólo un juego burocrático, un fraude y una ilusión. Cuando las masas votaron por una mayoría aplastante el pasado mes de agosto a favor de la Revolución Bolivariana, no tenían la intención de que sus intenciones claramente declaradas fueran frustradas por sus enemigos que, después de ser echados por la puerta delantera, ahora están buscando volver a entrar por la puerta trasera. Después de haber sido derrotados en una batalla abierta, están recurriendo a maniobras e intrigas, ocultándose detrás de la ley y utilizando tácticas dilatorias. Si aceptamos esto, significaría subordinar la voluntad de la mayoría a las maquinaciones de una minoría rica y privilegiada. La democracia se reduciría a una frase hueca. El rabo menearía al perro. Afortunadamente, las masas no tienen la intención de permitir que esto ocurra.

Los campesinos se movilizan para la acción

Recientemente recibimos un informe interesante del Congreso Campesino Venezolano de El Nuevo Topo firmado por E. Gilman. Este breve informe demuestra claramente la verdadera actitud que se está desarrollando por la base, no sólo entre los trabajadores, sino también entre sus aliados naturales, los campesinos pobres. En él leíamos lo siguiente:

“Caracas: El 5 y 6 de febrero se reunió en Tucari la ‘Conferencia Campesina en Defensa de la Soberanía Nacional y por la Revolución Agraria’, patrocinada por el Frente Nacional Campesino Ezequiel Zamora.

Casi 100 delegados se reunieron en la Cooperativa Berbere, que es una granja colectiva gestionada en gran parte por campesinos negros.

Aunque había un apoyo universal para el presidente Hugo Chávez, la Ley de Reforma Agraria fue duramente atacada ya que sólo permite expropiar tierras superiores a 5.000 hectáreas y estas tierras necesitan estar sin cultivar para que pueda ajustarse a la ley. Los campesinos criticaron al Instituto de Reforma Agraria, que dicen es muy lento y burocrático, que los propietarios de los latifundios están reduciendo bosques enteros de tierra mientras el Instituto de Reforma Agraria toma una decisión. También muchos han recibido semillas defectuosas del Instituto. Muchos campesinos que han tomado las tierras directamente se han quejado de que los jueces locales están al lado de los terratenientes y utilizan a la policía local para echarles de la tierra [...]

La conferencia discutió la necesidad de la autodefensa armada así como la posibilidad de la guerra de guerrillas si se produce una invasión estadounidense. Defendieron la necesidad de crear granjas colectivas en lugar de dividir la tierra. Hubo una discusión sobre la necesidad de la contabilidad y la disciplina con aquellos que se niegan a trabajar. La conferencia decidió crear una escuela en la granja Berbere para enseñar agricultura colectiva.

Los campesinos discutieron bloquear la Autopista Panamericana para conseguir el cumplimiento de sus reivindicaciones. La única nota discordante fue la de la alcaldesa local que dijo a los campesinos que debían tener más paciencia y que la ley era como un ‘padre que pone leyes a su hijo’. Su propuesta de paciencia fue unánimemente rechazada. Muchos campesinos dijeron que sentían la necesidad de una ‘revolución dentro de la revolución’para tener un verdadero poder popular”.

Estas pocas líneas dicen mucho más que todos los libros y artículos que han aparecido sobre la Revolución Bolivariana. Aquí vemos la relación dialéctica entre las masas y la dirección que está tomando Hugo Chávez. El gobierno aprueba una reforma agraria reflejando la presión de las masas. Los campesinos se toman muy en serio esta medida y presionan para conseguir sus reivindicaciones. Expresan el “apoyo universal al presidente Hugo Chávez”, pero al mismo tiempo, señalan las limitaciones de la nueva ley. Es bienvenida, pero no ha ido suficientemente lejos. Por lo tanto, deciden ayudar al gobierno para que vaya más allá y emprenden acciones desde abajo.

El anuncio de las medidas ha promovido cientos de invasiones de tierras y se han encontrado con el asesinato de docenas de activistas campesinos a manos de los terratenientes y sus agentes. Pero todavía es muy poca la tierra adjudicada. Esto es admitido honestamente por algunos funcionarios. “Esa es la autocrítica que debe hacerse la revolución”, dice Rafael Alemán, el funcionario a cargo de la investigación en El Charcote. “No hemos impulsado hacia delante este proceso”.

Esta necesidad no debe sorprendernos. La maquinaria del gobierno es lenta y voluminosa. La burocracia no puede ser un instrumento adecuado para el cambio revolucionario. Arrastra sus pies, cumple sus obligaciones sin entusiasmo, incluso sabotea las leyes aprobadas por el gobierno bolivariano. En sus filas hay muchos escuálidos y contrarrevolucionarios encubiertos. Los campesinos no confían en ellos y tienen derecho a no hacerlo. Critican al Instituto de Reforma Agraria por su lentitud y métodos burocráticos que ayudan a los propietarios de los latifundios a sabotear las reformas. Saben -y toda la población también- que ¡sólo el movimiento revolucionario de masas puede llevar a cabo la revolución!

Desplegando un infalible instinto revolucionario, responden a los críticos de la reforma agraria de una manera que demuestra un nivel muy elevado de madurez política. Los enemigos de la reforma agraria dicen: la ruptura de las grandes haciendas de tierra en pequeñas parcelas campesinas individuales dañará la productividad y causará el caos y el hambre. Los campesinos responden: estamos a favor de la expropiación de las grandes haciendas, pero no insistimos en su división en una multitud de pequeñas propiedades campesinas. Defendemos la creación de granjas colectivas sobre las que se pueda cultivar la tierra en común, utilizando todas las ventajas de la maquinaria moderna, la tecnología y las economías de escala. ¡Para hacer esto no es necesario que la tierra sea propiedad de un puñado de ricos parásitos!

Los campesinos revolucionarios no son locos. Entienden totalmente la necesidad de la contabilidad y la disciplina en las granjas colectivas. Deberán ser gestionadas democráticamente por los propios productores. Aquellos que se nieguen a trabajar recibirán medidas disciplinarias del resto del colectivo, que está interesado en establecer un alto nivel de productividad, y con este objetivo proponen la creación de escuelas en las granjas para enseñar la ciencia de la agricultura. ¿Qué tiene que ver esta actitud enormemente responsable con la grotesca caricatura de “campesinos ignorantes” saboteando la producción agrícola científica que los apologistas occidentales de los terratenientes nos presentan?

¿Reformismo o revolución?

Algunos sectores de la dirección han intentado calmar los nervios de la oposición, asegurando que las medidas actuales no amenazan la propiedad privada. El vicepresidente José Vicente Rangel ha dicho a los granjeros y hacendados que sus títulos están en orden y que sus tierras productivas no tienen “nada que temer”. Pero estas afirmaciones no sirven para calmar los temores de las clases propietarias o para reducir su implacable hostilidad hacia la Revolución Bolivariana.

En un reciente informe aparecido en V.headline.com leemos lo siguiente: “El gobernador del estado de Carabobo, Luis Felipe Acosta Charles, está haciendo los preparativos para afrontar un violento torrente de apropiaciones y ocupaciones ilegales de tierra que ha dividido al progubernamental Movimiento Quinta República (MVR).

Con camisetas rojas y utilizando jerga revolucionaria, la gente ha invadido la propiedad privada y tierras supuestamente ociosas en todo el estado de Carabobo.

El Secretario de Seguridad Pública ha confiado en la organización de controles preventivos en todas las zonas y la utilización del diálogo con los ocupantes ilegales.

El gobernador ha sido acusado de vacilación a la hora de afrontar el problema y ha reaccionado preparando un decreto de emergencia para establecer puntos de control para impedir que la población de otros estados invada tierras y propiedades.

La Guardia Nacional y la policía del estado se unirán al plan y el objetivo es asegurar una evacuación pacífica de las tierras... parte de la operación es expulsar a los ocupantes ilegales profesionales o políticos y perseguirles”.

Por supuesto, es necesario distinguir entre las ocupaciones de tierra realizadas por los campesinos sin tierra y las actividades fraudulentas llevadas a cabo por los llamados “ocupantes ilegales profesionales”, que en algunos lugares han invadido parcelas para venderlas más tarde. Estas actividades son obra de parásitos y contrarrevolucionarios, por lo tanto deben ser condenadas. Pero, en primer lugar, es un error utilizar estos incidentes para intentar condenar las ocupaciones de tierra en general y, en segundo lugar, la única forma de impedir casos de ocupaciones de tierra fraudulentas es desarrollar y extender las genuinas ocupaciones de tierra revolucionarias organizadas por los comités campesinos elegidos democráticamente.

Todo verdadero demócrata revolucionario tiene el deber de apoyar la revolución agraria. Pero para tener éxito, hará falta tomar las medidas revolucionarias más enérgicas. Los campesinos no pueden depender de lo que les entregue la burocracia. Saben que sólo pueden depender de su propia fuerza. Por eso están organizándose y preparándose para emprender la acción directa y tomar posesión de la tierra.

La movilización revolucionaria de los campesinos es la única garantía para que la reforma agraria de la Revolución Bolivariana sea puesta en práctica, sino permanecerá como letra muerta, un pedazo de papel inútil guardado en el despacho de algún burócrata de Caracas. Los campesinos son gente realista. Entienden que, independientemente de las leyes aprobadas en Caracas, los terratenientes no entregarán el poder, la tierra y los privilegios sin luchar. ¡Si quieren la tierra tendrá que luchar por ella!

PROVEA dice más de lo que pretende cuando pide al Ministerio Público que acelere las investigaciones de los asesinatos de numerosos activistas sociales en el campo. ¿Esto qué significa? Sólo esto: que en el campo se está librando ya una sangrienta guerra civil; que cada día los terratenientes y sus pistoleros a sueldo están asesinando a dirigentes campesinos con total impunidad; que para los campesinos pobres el “dominio de la ley” es sólo una frase vacía. Y ¿qué solución proponen nuestros amigos ilustrados para este problema? Pedir al ministerio que “acelere sus investigaciones”. Es una sugerencia loable y en principio no tenemos nada contra ella. Pero los campesinos saben que las ruedas de la justicia se mueven lentamente y que los agentes armados de la contrarrevolución lo hacen rápidamente. Lo que está en juego son sus vidas y deben hacer algo para defenderse.

Todo el mundo sabe que en los últimos años muchos campesinos han sido asesinados por los terratenientes y sus bandas armadas. En el informe del congreso campesino leemos lo siguiente: “A finales de octubre de 2003, en Barinas, 120 policías ayudaron a los grandes terratenientes a destruir una escuela en la tierra ocupada y le entregaron al terrateniente 240.000 libras de grano producidas por los campesinos”. Este no es un caso aislado. Los terratenientes reaccionarios están movilizándose para derrotar a los campesinos, pare defender su poder y privilegios. Para ello no dudan en recurrir a la violencia. Tienen dinero, armas e influencia. Y, como demuestra este informe, cuentan con la ayuda de sectores del aparato del Estado.

Aquellos que predican la moderación y la contención a los campesinos para evitar una guerra civil en el campo están olvidando un punto. Que ya existe una guerra civil en el campo. Ésta sólo se puede detener con la acción decidida de los propios campesinos, apoyados por sus aliados naturales, sus hermanos y hermanas de las ciudades, la clase obrera. Los campesinos no se quedarán con los brazos cruzados mientras las bandas reaccionarias pagadas y armadas por los terratenientes les golpean, intimidan y asesinan.

“La conferencia discutió la necesidad de la autodefensa armada así como la posibilidad de la guerra de guerrillas si hay una invasión estadounidense”. ¡Sí! Pero el enemigo de los campesinos venezolanos no es sólo el imperialismo estadounidense. ¡El enemigo está en casa! La oligarquía venezolana no es otra cosa que el agente local del imperialismo norteamericano. En la medida que ella posea la tierra, los bancos y los puntos clave de la industria, las conquistas de la revolución nunca estarán a salvo, y la revolución agraria seguirá siendo un espejismo.

¡El campesinado debe armarse! Ese mensaje lo ha lanzado en más de una ocasión el presidente Chávez. Es el momento de ponerlo en práctica. Lo que hace falta no es una guerra de guerrillas, sino la autodefensa organizada, la creación de comités campesinos elegidos democráticamente en cada pueblo, armados con cualquier arma que puedan obtener para defender a la población contra las bandas armadas de la contrarrevolución. Los comités deberían unirse sobre bases locales, distritales y nacionales, y éstos a su vez deberían unirse con los comités de trabajadores en los centros urbanos.

Esta es la única forma de transferir pacífica y ordenadamente el poder a la población en el campo. Los comités campesinos pueden jugar un doble papel: primero, movilizar y organizar a las masas campesinas para acelerar la implantación de la revolución agraria, después, establecer el control democrático sobre la administración gestión de las haciendas colectivizadas. No hay otra forma posible.

La revolución agraria, si quiere triunfar, debe desafiar el poder de la oligarquía, y no sólo en el campo. Para que la producción agrícola no sufra un daño irremediable, las granjas expropiadas deben ser gestionadas en líneas colectivas. Eso sólo se puede conseguir si tienen garantizada la financiación necesaria, créditos baratos, fertilizantes, tractores y cosechadoras baratas, camiones para el transporte y mercados garantizados para sus productos. Eso sólo se puede conseguir si están integradas en un plan global de producción.

El primer paso en su consecución es la nacionalización de los bancos. Sin el control sobre las finanzas y el crédito, es imposible controlar y planificar la economía. Sería como intentar conducir un automóvil sin frenos, acelerador o palanca de cambios. La nacionalización de la tierra y los bancos es una medida absolutamente necesaria, incluso como parte de una revolución democrática nacional. Pero después surgiría la siguiente pregunta: ¿por qué pararnos aquí? ¿Por qué no expropiar las grandes empresas que todavía están en manos privadas? (No estamos interesados en las pequeñas).

La razón por la cual la oligarquía y los imperialistas tienen pánico a la reforma agraria es precisamente por que entienden la lógica subyacente, es decir, que pone un signo de interrogación sobre el llamado derecho divino a la propiedad privada. ¡Eso es absolutamente correcto! En lugar de disculparse y garantizarle a los terratenientes y capitalistas que no tienen nada que temer, la Revolución Bolivariana debería poner como primer punto del orden del día la expropiación de la propiedad de la corrupta y degenerada oligarquía venezolana.

El presidente Chávez ha declarado correctamente que el capitalismo es esclavitud. Dijo que el futuro de la Revolución Bolivariana debe ser el socialismo. Estamos de acuerdo con él en un cien por cien. Públicamente también apoyó la teoría de la revolución permanente de Trotsky. ¿Qué dice esta teoría? Dice que en las condiciones modernas, las tareas de la revolución democrática nacional (“democrática burguesa”) no las puede llevar a cabo la burguesía, que la revolución democrática nacional sólo puede triunfar si se transforma en una revolución socialista.

La historia de Venezuela -y la de toda América Latina- durante los últimos doscientos años es una confirmación gráfica de esta afirmación. Sobre la base del sistema esclavista no hay salida posible. Es necesario romper con el latifundismo de una vez por todas. Ese es el significado real de la consigna: revolución dentro de la revolución.

Evolucion del Derecho Agrario

DERECHO AGRARIO CONCEPTO DE DERECHO AGRARIO El jurista italiano Giorgio de Semo quien fue un precursor del estudio del derecho agrario lo define como “la rama jurídica de carácter prevalentemente privado que contiene las normas reguladoras de las relaciones jurídicas concernientes a la agricultura.”
En Venezuela Ramón Vicente Casanova ha definido al derecho agrario como “el conjunto de normas y principios que regulan la propiedad territorial y asegura su función social”.
Derecho Agrario es el conjunto de normas jurídicas que establecen y regulan el derecho del hombre a la propiedad de la tierra y las facultades y las obligaciones que para el individuo y para el Estado se derivan del mismo. Víctor Giménez Landínez, Instituto Agrario Nacional, Caracas, 1972.Derecho Agrario es el conjunto de normas que regulan el ejercicio de
las actividades agrarias, así como las actividades que les son directamente complementarias, con miras a obtener en el campo la más racional producción y el más alto grado posible de justicia social.
El derecho agrario regula los intereses y actividades que tienen como base la explotación de la tierra, sea mediante la agricultura, la ganadería u otras industrias agropecuarias.
Es el conjunto de normas, leyes, reglamentos y disposiciones en general, doctrina y jurisprudencia que se refieren a la propiedad rústica y a las explotaciones de carácter agrícola.
Esta enunciación tiene un amplísimo contenido, ya que en el ámbito de este derecho entran temas tan variados e importantes como los siguientes:
La propiedad agraria (régimen de los arrendamientos rurales), la propiedad de los semovientes (régimen de las marcas y señales), régimen legal de la colonización, la vialidad y el tránsito rural, la defensa sanitaria de la producción agropecuaria, el régimen de las asociaciones de agricultores y ganaderos, los seguros y el crédito agrario, el derecho de aguas, el régimen jurídico de las diversas industrias agropecuarias.
Uno de los problemas fundamentales que debe resolver el derecho agrario es el conocido bajo el nombre de "cuestión agraria", esto es, el de la justa distribución de la tierra para hacerla servir eficazmente a los fines económicos y sociales que debe cumplir.
Son aspectos del problema: El latifundio (o sea la acumulación del dominio de grandes superficies de tierra en pocas manos), la existencia de tierras incultas y despobladas, la situación de los arrendatarios de tierras para la agricultura y la ganadería, etcétera.
Por si sola la enunciación de los temas que anteceden proporciona una idea de la enorme importancia de esta rama del derecho; importancia que se acrecienta en países cuyas principales riquezas derivan principalmente de la explotación del agro.
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OBJETO DEL DERECHO AGRARIO El Derecho Agrario pretende lograr una distribución más justa de las tierras rurales y aumentar la productividad del sector agrario, eliminar el latifundio, mejorar el uso de la tierra evitando la acumulación o tenencia de tierras ociosas que no cumplan una función social determinada, principalmente la seguridad agroalimentaria.
LOS FINES DEL DERECHO AGRARIO En el primero de esos fines es obtener en el campo la más racional producción porque a veces producir más, puede ser irracional, tanto microeconómica como macroeconómicamente hablando. Tampoco se habla de la mayor productividad porque la mayor productividad por hombre, verbigracia, podría llevar ínsitos problemas sociales.
La más racional producción debe ser el objetivo a lograrse; en ese concepto se tiene en cuenta el medio social dado, el estado de la técnica, la situación de los mercados y todo lo pertinente.
El segundo fin es el de la justicia social, alcanzar en el campo el más alto grado de justicia social. Lograr una distribución más justa de las tierras rurales y aumentar la productividad del sector agrario, eliminar el latifundio, mejorar el uso de la tierra evitando la acumulación o tenencia de tierras ociosas que no cumplan una función social determinada, principalmente la seguridad agroalimentaria.
El Derecho Agrario al ser creado, al ser aplicado, debe tratar de poner en vigencia tanto la más racional producción como el más alto grado posible de justicia social.
AUTONOMÍA DEL DERECHO AGRARIO Una importante corriente doctrinaria con relación a la materia ha apuntado a una conocida teoría Autonomía del derecho agrario. Sostiene que el derecho agrario tiene principios generales propios y líneas directivas y complejas cuyas normas jurídicas se plasman o deben plasmarse según peculiares exigencias económicas.
Se menciona además la mezcla de elementos de derecho privado y de derecho público. PRINCIPIOS DEL DERECHO AGRARIO 1. Lograr una distribución más justa de las tierras rurales y aumentar la productividad del sector agrario. 2. Eliminación del latifundio. 3. Mejorar el uso de la tierra evitando la acumulación o tenencia de tierras ociosas
4. Principio de la función social determinada
5. Principio de la seguridad agroalimentaria.

6. El principio de la Especialidad: Se entiende que está referida al objeto de la normativa agraria, existen normas que regulan situaciones jurídicas propias, derivadas del hecho técnico de la agricultura. Este es un presupuesto de autonomía del sistema en un sentido más técnico, la especialidad está referida a la excepcionalidad de las normas que rompen primero la generalidad para posteriormente convertirse en especiales.
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7. La Completez: Está referida a las fuentes del Derecho Agrario. Este es completo en la medida que está dotado de un sistema de fuentes propias, para ello debe dar prevalencia a las fuentes internas sobre las fuentes externas con el fin de llenar lagunas en su propia fuente.
8. La Organicidad: En el desarrollo del Derecho Agrario está fundamentado en la capacidad de autodeterminación en todas sus partes. LAS FUENTES FORMALES DEL DERECHO AGRARIO La ley es la fuente primordial del derecho y señala que la norma jurídica agraria positiva es la que ordena y regula jurídicamente las relaciones sociales y económicas agrarias constituyendo el instrumento fundamental para la aplicación de toda política agraria al regular la conducta de los sujetos.
La ley es la fuente formal por excelencia inadmisible el que algunos autores cuestionen el carácter primigenio de la ley como fuente otorgando tal privilegio a la costumbre.
Las segundas fuentes del derecho agrario especial y excepcional son normas especiales y excepciones que se aplicaran rigurosa y limitadamente de carácter supletorio, algunas y siendo completadas en cuanto a lo previsto en las mismas por el derecho común
Las terceras son las normas constitucionales o fundamentales tienen la naturaleza de mandato constitucional a afecto de que la mayoría vigente se acomode a sus principios y de que ninguna nueva disposición atente contra las mismas.
EVOLUCIÓN DEL DERECHO AGRARIO El presente trabajo tiene como finalidad dar una visión muy amplia del problema agrario en Venezuela y en el mundo y por consiguiente, mientras no se haga un justo reparto de las tierras no podremos alcanzar un verdadero desarrollo del campo y el mismo siendo tan necesario para alimentar a la creciente población que poseemos, se hace cada día mas indispensable, y por consecuente se hace necesaria una revolución agraria más que nunca antes. El gobierno Bolivariano de la Republica de Venezuela conciente de esta problemática dicto la nueva ley de tierras y de desarrollo agrario, para así enrumbar a Venezuela al siglo 21.
La Reforma Agraria en la Historia. Los pensadores clásicos han caracterizado la existencia de un problema agrario en las sociedades capitalistas del siglo pasado, al percibir que la concentración de la propiedad de la tierra, originaria de los resquicios del feudalismo y de la oligarquía rural, se transformó en obstáculo al desarrollo de las fuerzas productivas en el campo y en la industria.
De esa forma, las élites burguesa-industriales recién llegadas al poder, a partir de la revolución francesa, comprendieron la magnitud de este problema agrario, de la concentración de la propiedad como una traba al desarrollo mismo del capitalismo, y trataron de buscar una solución sencilla. Propusieron la distribución, la democratización de la propiedad de la tierra, y llamaron a ese proceso de reforma agraria.
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Revisando las experiencias históricas de cómo esa burguesía industrial impuso procesos de reforma agraria, se podrían enumerar distintas fases progresivas.
1ª Fase: Después de las revoluciones burguesas En el siglo pasado, después de las revoluciones burguesas, en prácticamente todos los países de Europa occidental, se llevaron a cabo procesos de reforma agraria. Y se implantó una estructura de pequeñas y medianas propiedades, que ha perdurado hasta nuestros días.
En los Estados Unidos de América, como parte de la victoria de los norteños, frente al latifundio esclavista del Sur, se implantó una ley de colonización del oeste, que estableció un tamaño de propiedad máxima de alrededor de 89 hectáreas por familia, que funcionó como una especie de reforma agraria, sobre las tierras públicas, garantizando el acceso más democrático a todos los que quisieran trabajar la tierra, de forma familiar.
2ª Fase: Después de la Primera Guerra Mundial El estallido de la primera revolución proletaria del mundo, en Rusia, bajo el lema de tierra, pan y libertad, fue el grito de alerta a otras burguesías europeas que todavía no habían implantado la reforma agraria. Y con el temor de que se repitiera la revolución rusa en sus países, en el período de 1917-20, se implantaron leyes de reforma agraria en prácticamente todos los países de Europa oriental, incluso Yugoslavia.
3ª Fase: Después de la Segunda Guerra Mundial Con la derrota de Japón en la Segunda Guerra Mundial, y el dominio armado norteamericano en prácticamente toda Asia, se abrió espacio para que se realizaran en Asia, también reformas agrarias netamente capitalistas. Bajo la ordenanza de las fuerzas armadas intervencionistas del General MacArthur, se desarrollaron inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, leyes de reforma agraria bastante radicales, aplicadas en Japón.
Después de la victoria de China Popular (1949), Estados Unidos implantó sus mismas leyes de reforma agraria en la provincia autónoma de Taiwán, y posteriormente, después de la guerra de Corea (1953-56), se aplicó la reforma agraria en Corea del Sur. De igual forma, en el mismo período, bajo el clima de democratización de la victoria de la resistencia italiana, el nuevo gobierno de coalición implementó una ley de reforma agraria sobre los remanentes de latifundios atrasados en el Sur de Italia.
Gracias a esos procesos de reforma agraria se abrió espacio para el desarrollo de las fuerzas productivas en esos países, se creó un amplio mercado interno, y hubo avances del desarrollo capitalista, con democratización de la propiedad de la tierra. En ese mismo período, hubo otras experiencias de reforma agraria radicales, llamadas revolucionarias, porque fueron iniciativas de las masas. La más significativa fue la reforma agraria mexicana, hecha al calor de la revolución de 1910-20 que, aparte de su carácter radical y violento, no traspasó los límites del capitalismo.
¿Cómo se caracteriza el problema agrario en nuestras sociedades? Podríamos caracterizar su existencia, describiendo resumidamente la presencia de los siguientes fenómenos económicos y sociales: 6
- Alta concentración de la propiedad de la tierra. El latifundio es la forma predominante y controla la mayoría de las tierras en nuestros países;
- La mala utilización de la tierra y demás recursos naturales. Como la propiedad está concentrada en la oligarquía rural, que no necesariamente necesita de toda la tierra para acumular, gran parte de esas tierras se mantiene improductiva, con muy baja utilización;
- Lo que es producido en la tierra. Las líneas de producción adoptadas en las tierras más fértiles de nuestros países no se dedican a cultivos destinados a la alimentación de nuestros pueblos, sino que, más bien, se destinan al monocultivo de exportación, que interesa a los países centrales, o a la producción de materias primas vinculadas a la gran agroindustria multinacional.
- El resultado de las características anteriores es de que en casi todos los países periféricos el hambre es común y afecta a un elevado porcentaje de la población.
- El éxodo rural forzado y la migración a regiones fronterizas con otros países. Los campesinos ya no tienen futuro en sus lugares de residencia y son obligados a migrar a las ciudades o a otras regiones lejanas.
- El modelo tecnológico adoptado en las agriculturas periféricas sigue una lógica únicamente consumista de productos agroindustriales producidos por empresas transnacionales. Y no tienen ninguna relación con el clima, condiciones de suelo, de nuestros países. Es un modelo tecnológico trasladado mecánicamente de los países centrales, y están trayendo enormes consecuencias, incontrolables, tanto para los recursos naturales disponibles, cuanto para la sobre vivencia del hombre, así como para el aumento permanente de la productividad por hectárea.
Tenemos también el problema de la concentración del capital industrial y comercial que domina el comercio e industrialización de los productos agrícolas. Está concentrado geográficamente en regiones más desarrolladas del país y en manos oligopólicas de empresas transnacionales. Afectando, por supuesto, al desarrollo agrícola, ya que hoy en día la mayoría de los alimentos pasa por procesos agroindustriales. Esas son las características principales de lo que ocurre en el medio rural de nuestros países periféricos, y que determinan que sí siga existiendo un problema agrario fundamental. Problema agrario que tiene un carácter de clase.
Existe y afecta a la población pobre, a los trabajadores; pero para las élites colonizadas, para las burguesías locales que solamente piensan en ganancia, de hecho no hay más problema agrario porque, a parte de todos estos problemas señalados, ellas todavía logran obtener ganancias con la producción agropecuaria. Y si hay ganancias, no hay problema agrario.
El agravamiento del problema agrario con las políticas económicas neoliberales. El problema agrario existe y tiene sus raíces en el modelo de desarrollo capitalista adoptado históricamente por nuestras élites7
colonizadas y dependientes. Pero, en la última década se agravó aún más, con la adopción de las políticas económicas llamadas neoliberales. ¿Qué significan esas políticas para la agricultura y el medio rural?Significan un agravamiento del problema agrario. Porque la adopción del modelo neoliberal representa la sumisión completa de las élites
nacionales que abandonaron totalmente proyectos de desarrollo nacional
y se sometieron a la voluntad del capital financiero, y del capital
extranjero, en nuestros países. Toda la política económica se basa en la
apertura de los mercados para las mercancías industriales y agrícolas de
los países centrales y controlados por empresas transnacionales.

La agricultura de nuestros países estaba siendo destrozada. Y orgullosamente la burguesía dominada, se ufana al decir que ahora la agricultura pesa muy poco en el PIB nacional, y que la población rural es minoritaria en el país, como signos de modernidad, cuando, en realidad, representan signos de mayor miseria y pobreza. Y sobre todo de abandono de cualquier proyecto de desarrollo autónomo, nacional y al servicio de las mayorías. Pero, si por un lado el neoliberalismo va a destrozar la autonomía de nuestras agriculturas, si poco le importa el destino de las amplias mayorías de la población rural. Por otro lado, la propuesta de reforma agraria, de resolución del problema agrario, ahora más que nunca, se volvieron un problema nacional, un problema de clase.
En esa medida, si por un lado el neoliberalismo agudizó los problemas económicos y sociales de los países dependientes, por otro lado, profundizó las contradicciones de clase, que nos llevaron a que la propuesta de reforma agraria sea en realidad una propuesta de cambios de la economía, de cambio de los lazos de dependencia. Una propuesta de liberación nacional de nuestros pueblos.
ANTECEDENTES DE LA REFORMA AGRARIA EN VENEZUELA. Para las instituciones internacionales, la temática de la reforma agraria en Latinoamérica tiene su origen en la distribución muy desigual de la posesión de las tierras rurales, junto con una muy extendida pobreza rural. En Venezuela, la mayor concentración de la pobreza se ubicaba en poblaciones menores de 25.000 habitantes y en las áreas rurales (74%). Esto orienta la problemática hacia la superación de la pobreza rural como objetivo principal de las reformas y no hacia la distribución de tierras. Por si sola la distribución de tierras no es una condición suficiente para lograr el mencionado objetivo. En general, la eficacia de una reforma agraria depende de la creación de un mercado formal y homogéneo de la propiedad. La titularidad de la tierra es entonces una condición necesaria para el funcionamiento de un mercado de tierras formal. La atención de los entes gubernamentales encargados de la problemática agraria debe concentrarse en la acción de las instituciones de la propiedad. Sin propiedad formal no puede haber mercado, si se entiende apropiadamente al mercado no sólo como un mecanismo de transacción; si no como un principio para organizar la actividad económica en una sociedad.
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Para que el mercado cumpla esta función de organizador requiere de un producto homogéneo, condición que no se cumplirá mientras existan tierras formales e informales. Esto último, debe distinguirse de la propiedad individual y comunal, el mecanismo de mercado se agiliza con la formalización de la propiedad ya sea individual o comunal. Venezuela ha evolucionado en estos aspectos en los últimos años al acelerar los procesos de titularización y por ende en la estructuración de un mercado formal de tierras. Los derechos de propiedad no sólo afectan la capacidad de las familias de producir para su subsistencia y para el mercado, su condición económica y social, también afectan los incentivos al trabajo y a la sustentabilidad productiva. Uno de los mayores beneficios de la titularización es el acceso al crédito. El sistema financiero formal tiene pocos incentivos para realizar préstamos a productores que no poseen los derechos de propiedad.
Estos derechos pueden dar acceso a tales fuentes de financiamiento activando la demanda por insumos y factores fijos de producción. Si bien la titulación puede facilitar el acceso a las fuentes de financiamiento, la demanda por tales créditos puede verse limitada por los costos de transacción, la escala de operación, los ingresos potenciales y el nivel de riesgo. En tal caso, se hacen necesarios programas regionales muy bien dirigidos al segmento de pequeños productores y campesinos, en los cuales se les preste apoyo en las áreas de infraestructura y compra de insumos.
Comportamiento de la agricultura venezolana a partir de 1960. A partir de 1960 tienen lugar para la agricultura venezolana una serie de acontecimientos que la caracterizan y condicionan para su desarrollo futuro. La creciente aceleración y expansión de la actividad de los grupos empresariales, es lo que constituye la línea principal de su desarrollo ya iniciado antes, pero ahora afianzado y con una capacidad de crecimiento aun mayor.
La promulgación y ejecución de la Reforma Agraria acapara la atención hacia el sector agrícola en los primeros años de la década. Sin embargo, su incidencia en el comportamiento de la agricultura ha sido en realidad mucho menor de lo que pudiera haberse esperado hace quince años, y lo que es aun más claro, su papel dentro de la actualidad agrícola, es y será más marginal. Tanto las incidencias del proceso de la Reforma Agraria, como sus logros y sus principales limitaciones han sido evaluados llegándose a conclusiones como las siguientes:
"Los niveles de ingreso alcanzado dentro del sector reformado, están entre los más bajos del sector rural productor." "La incorporación de las masas campesinas al proceso de Reforma Agraria ha sido lenta, existiendo un contingente significativo de sujetos del mismo, que conforman el grueso de los jornaleros agrícolas y los desempleados y sub-empleados estacionales del campo que aun carecen de tierra"
“A pesar de que ha habido un proceso de Reforma Agraria, la propiedad de la tierra continúa concentrada en pocas manos. La9
estructura de la propiedad de la tierra ha sufrido variaciones poco significativas". Paralelamente a la reforma agraria a ocurrido una fuerte expansión de tipo empresarial, fundamentalmente en tierras públicas, de esta manera se han fortalecido los mecanismos de desarrollo de la gran propiedad.
Es decir, el proceso de desarrollo agrícola de tipo empresarial ha arrollado y aun se ha servido del proceso de Reforma Agraria, para consolidarse como el factor dinámico y claramente predominante del agro venezolano, y ha sido la base de la expansión de la agricultura.
LEY DE LA REFORMA AGRARIA ANTECEDENTES La Ley de la Reforma Agraria promulgada el 5 de Marzo de 1960, constituye también un hecho importante del período de Rómulo Betancourt. La necesidad de esta ley se venía planteando desde hace muchos años para corregir la injusticia social y económica que pesa sobre nuestros campesinos como consecuencia de la estructura latifundista que ha prevalecido en el campo desde el período colonial. Como antecedentes legales de esta medida tenemos la Ley de Reforma Agraria del Presidente Medina Angarita, que no pudo aplicarse por el golpe militar del 18 de octubre de 1945; y la Ley de Reforma Agraria del presidente Rómulo Gallegos, que tuvo igualmente vigencia efímera debido al golpe del 24 de noviembre de 1948 que derrocó al gobierno. En 1960, el auge popular y en especial del movimiento obrero y campesino, hizo posible la promulgación de la Ley de Reforma Agraria actualmente en vigencia.
LOGROS No obstante los justos propósitos que persigue la Ley de Reforma Agraria, el resultado de su aplicación deja mucho que desear. En este sentido se habla con frecuencia del fracaso de la Reforma Agraria.
Al mismo tiempo se operaba un proceso regresivo de reconstitución de los latifundios comparados por el IAN, muchos de los cuales, por diferentes medios ilegales, han venido pasaron de nuevo a manos de los latifundistas.
Por último, es importante señalar que la política de los gobiernos se orientaba más bien a impulsar el desarrollo capitalista y a fortalecer la burguesía agraria, mediante una fuerte inyección de capital en el campo. Tal política se ha venido realizando sin investigación previa de la materia agropecuaria y mediante la utilización de una tecnología importada, no adaptada a las condiciones ecológicas de nuestro país.
IMPORTANCIA Esta Ley de la Reforma Agraria fue importante por diversos motivos: Procuraba la adquisición de las tierras por parte de la masa campesina, eliminando así el arrendamiento de tierras. Procuraba la eliminación de los latifundistas y terratenientes. Buscaba propulsar el regreso al campo del hombre campesino que había dejado el campo atrás, en busca de la mejor vida de la ciudad (con el boom petrolero).
10 Implementaba un sistema justo de propiedad, tenencia y explotación de la tierra, basado en la equitativa distribución de la misma. Buscaba otorgar una adecuada organización del crédito y la asistencia integral para los productores del campo a fin de que la tierra constituya para el hombre que la trabaja, base de su estabilidad económica, fundamento de su progresivo bienestar social y garantía de su libertad y dignidad.
SITUACIÓN PARA EL AÑO 2000. El proceso de reforma agraria fue producto de un consenso nacional donde se consagró un modelo de propiedad con una función social y la expropiación se contempló como castigo. La reforma se concibió como un medio de transformación social democrática para evitar la violencia en las áreas rurales, dando lugar a un nuevo movimiento campesino fuerte y extendido nacionalmente. La aplicación de este modelo canalizó las aspiraciones de campesinado y la causa de la formación de una clase media campesina. Los indicadores agrarios, ambientales y económicos señalan a la reforma como parte del crecimiento agrario de los sesentas y setentas. Asimismo, se le atribuye a la distribución de tierras en los planes de reforma agraria el aumento de la pequeña propiedad en números absolutos y relativos. Aunque no existe un catastro confiable, se estima que la reforma ha afectado a 12 millones de hectáreas, entre 1960 y el 2000, período en el cual se han dotado o entregado alrededor de 8 millones de hectáreas. No obstante, a partir de los ochentas, se observa que el diseño de los planes de reforma agraria se desviaron de la concepción integral de la reforma y de la planificación nacional. Esto ha creado una demanda potencial de unos 400.000 productores que actualmente explotan menos de 100 has. Y que ocupan alrededor de 17% de la superficie total aprovechable. Parte de esta demanda se podría satisfacer con la disponibilidad de unos 3,3 millones de has que poseía el Instituto Agrario Nacional, se calcula en 120.000 los ocupantes de tierras del referido Instituto o que explotan bajo arrendamiento tierras municipales, todos los cuales deben regularizar la tenencia de sus explotaciones.
LAS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LA VENEZUELA AGRARIA: La Venezuela agrícola se caracterizó por el predominio del café del café y el cacao como productos de exportación, nuestra dependencia a los mercados internacionales, el analfabetismo y la vida rural de la mayoría de los venezolanos.
ECONOMÍA: IMPORTACIONES Durante el período agrícola, es necesario resaltar el carácter dependiente de la economía venezolana, es decir, la subordinación de nuestro desarrollo económico a los intereses de los países capitalistas avanzados, que nos utilizaban como mercado para su creciente producción industrial y como proveedores de materias primas y alimentos necesarios a su desarrollo capitalista. La dependencia económica daba lugar a formas soterradas de dependencia política e ideológica. La falta
11 de desarrollo de la producción no agrícola, obligó al país a importar toda clase de materia prima o herramientas para el trabajo en el campo, las cuales eran fabricadas en otros países, a pesar de la facilidad de su elaboración, no era posible que las mismas fuesen realizadas en el país; razón por la cual, Venezuela desde su época colonial, comenzó a importar todo aquello que no le era posible realizar en su territorio. Nos comenzamos a convertir así, en un país dependiente de otros países más desarrollados.
EXPORTACIONES Debido a lo restringido y desarticulado del mercado interno y al poco interés de las clases dominantes por desarrollarlo, la única posibilidad de crecimiento económico estaba en las exportaciones que nutrían, en lo fundamental, los ingresos de las clases dominantes y del propio Estado, que derivaba de los impuestos al comercio exterior (exportaciones e importaciones) la parte esencial de sus entradas.
EDUCACIÓN La educación en la época agrícola era precaria. Solamente podían acceder a la primaria y secundaria las clases pudientes. El sistema de educación era deficiente y escaso. La población rural carecía de medios económicos para acceder a la educación, ésta era un privilegio de las clases pudientes. El Estado no estableció escuelas rurales, de modo que la población analfabeta, era en su mayoría, la que se ubicada en los campos. La educación superior era igualmente escasa, casi inexistente en el interior del país, solo permanecían ciertas universidades abiertas en las ciudades más importantes del país (UCV; ULA), algunas de ellas fueron clausuradas (como la UCV por Gómez durante 10 años). Solo existían plazas para ciertas carreras (como medicina, derecho y educación) el resto, tenían que trasladarse fuera del país para profesionalizarse.
OBSTÁCULOS EN LA DEFENSA DEL DERECHO A LA TIERRA. En la lucha por la defensa del derecho a la tierra, las organizaciones indígenas y campesinas venezolanas enfrentan cotidianamente una serie de obstáculos y limitaciones que dificultan su labor. En el momento actual, algunas de las principales barreras que las organizaciones enfrentan son las siguientes.
a. Obstáculos generales ante las instancias oficiales • Ineficiencia, lentitud y ausencia de voluntad política dentro de los entes encargados de resolver los conflictos agrarios. • Vulnerabilidad de los organismos del Estado a la presión de sectores poderosos (terratenientes, ganaderos, militares, empresas mineras, etc.) involucrados en los conflictos agrarios. Parcialización de los funcionarios hacia estos sectores.
• Limitaciones económicas, de personal y presupuestarias que entorpecen y paralizan sus funciones. En el caso de la Procuraduría Agraria, por ejemplo, la existencia de un sólo Procurador por estado; en el caso del IAN, la escasez presupuestaria que impide la adquisición de bienhechurías.
• Ausencia de títulos por parte de gran número de familias campesinas y comunidades indígenas. 12
En nuestro país se percibió el efecto de un régimen que no opuso trabas a la libre disponibilidad de los bienes agrarios, y que tuvo que ser modificado con la mayor urgencia, con la promulgación de la Ley de Reforma Agraria, actualmente derogada y posteriormente con la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario.
El régimen imperante que existió, permitió el abuso de la disponibilidad de las tierras, ya sea por la concentración excesiva de las mismas en un solo titular denominado latifundista, así como en la dependencia de un considerable número de arrendatarios y aparceros según la tradición de la voluntad del propietario de la tierra para poder continuar trabajando los predios dados en arriendo o como figuras jurídicas agrarias según la tradición, figuras hoy no permitidas en nuestra actual legislación agraria.
En tal sentido las distintas reformas agrarias trataron de eliminar estas irregularidades llegando al caso de liquidar el dominio tradicional, proponiendo otro más justo, en el cual el interés colectivo debía privar sobre el interés particular. Caso vigente en nuestro país la promulgación de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario del año 2001, que estableció en la mayoría de sus artículos como base del desarrollo agroalimentario del país la justa distribución y redistribución de la tierra.
El régimen de tenencia de la tierra equivale a la relación jurídica entre el titular del dominio y la comunidad jurídica, en todo lo concerniente al poder del titular a disponer de la cosa o de usarla solamente o de usufructuarla.
Por ello la antigua Ley de Reforma Agraria del año 1960 y la actual Ley de Tierras y Desarrollo Agrario del año 2001, introdujeron cambios importantes en esta materia, tratando por todos los medios de fomentar la propiedad o el uso de la tierra de forma individual o colectiva, y coartando la posibilidad de concentrar el derecho de dominio en un solo titular. La eliminación del latifundio ha sido la premisa de ambas leyes. Tal como se desprende del artículo 1 de la Ley de tierras y Desarrollo Agrario y el artículo 1 de la antigua Ley de Reforma Agraria.
Bien podemos comparar la existencia de tres tendencias doctrinarias muy precisas en cuanto el régimen de tenencia de la tierra: una que propicia la propiedad sin limitaciones de ninguna clase, la segunda que la elimina de los particulares, y la tercera que la admite; pero con ciertas limitaciones.
A nuestro parecer Venezuela estaría dentro de la tercera tendencia doctrinaria la cual admite la propiedad agraria como tal, pero con la limitación legal pertinente, es decir el cumplimiento de la función social.
Como resultado de ello en el régimen de tenencia de la tierra se pueden distinguir las siguientes instituciones agrarias: La Propiedad agraria: es el derecho que tienen las personas de usar, gozar, y percibir los frutos de las tierras que están bajo su cuidado, o más precisamente el derecho de disfrute del bien y el ejercicio del mismo derecho. La posesión agraria: es una forma de tenencia de la tierra; constituye una relación de hecho sobre la tierra que se trabaja.